En la mañana del 23 de septiembre de 2021 se registraron dos protestas simultáneas en Caleta Olivia protagonizadas por un grupo de empleados municipales disidentes de la conducción gremial (SOEMCO) y de la Fundación Santa Cruz Sustentable.
Los primeros reclamaban una recomposición salarial y los restantes el pago de sus haberes en término y que se les asegure la continuidad laboral.
De manera conjunta se dirigieron hacia la rotonda del acceso norte muy probablemente para bloquear la circulación vehicular por la Ruta 3, pero allí ya estaban apostados policías de la División Infantería que los reprimieron con gases lacrimógenos y postas de goma.
El incidente dejó un saldo de casi veinte heridos leves, incluyendo mujeres y cuatro manifestantes detenidos.
Con el transcurrir del tiempo esa tumultosa manifestación se fue olvidando entre la nutrida historia de piquetes que se sucedieron en esta ciudade.
Sin embargo, la causa que se inició hace más de un año y medio en el Juzgado Federal local por “entorpecimiento del servicio público”, delito estipulado en el Art.194 del Código Penal, volvió a cobrar vigencia este martes.
Efectivamente, citación mediante, a media mañana debieron comparecer para prestar declaración indagatoria cuatro imputados: José Villarreal (municipal delegado del Concejo Deliberante), José Avellaneda (municipal delegado de la Dirección de Rentas), Rubén Barría (municipal jubilado) y Cristian Castelli (operario de la Fundación) y se espera que el días sucesivos comparezcan otros, entre ellos Daniel Labado (municipal delegado de Obras Públicas).
De acuerdo a datos que se aportaron a El Patagónico, los cuatro imputados del turno de este martes estuvieron patrocinados por el defensor oficial Marcos González y la mayoría de ellos, luego de escuchar la lectura de los cargos, se habrían negado a prestar declaración indagatoria amparándose en un derecho constitucional.
No obstante se presume que en una futura audiencia podrían solicitar la suspensión del juicio a prueba (probation), a cambio de realizar trabajos comunitarios o bien donara elementos a instituciones públicas.
Villareal y Avellaneda ya afrontaron situaciones similares y, a modo de ejemplo, el último de los nombrados tuvo que donar medicamentos al Hospital Zonal y acudir al Hogar de Ancianos para colaborar en diversas tareas, aunque a esa institución acudió pocos días ya que fue en la época en que comenzaron las restricciones por la pandemia del Coronavirus.
Y este martes, antes de ingresar a la audiencia, dijo a la prensa que en Santa Cruz “es habitual que se busque desactivar los reclamos sociales y genuinos de los trabadores de esta manera, pero obviamente nosotros somos responsables de los actos que realizamos ante la falta de respuestas de autoridades gubernamentales y por ello nos presentamos ante la justicia”.
