El Parlamento chileno aprobó una ley que le dará a las empresas la opción de implementar un sistema con cuatro días de trabajo y tres de descanso a la semana. La reducción de las horas laborables se hará gradualmente.
El Congreso de Chile aprobó el 11 de abril una nueva ley que reduce la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales. Fue el resultado de seis años de debates en la Cámara de Diputados, en las que el proyecto pasó por varias reformas. Se espera que entre en vigor el 1º de mayo, cuando el presidente, Gabriel Boric, la promulgue en el marco del Día Internacional del Trabajador.
La medida contempla que no habrá ningún tipo de recorte de sueldos y remuneraciones, pese a trabajar menos tiempo. También fija un límite de hasta cinco horas extra por día, cuando la legislación anterior permitía hasta 12 horas extras. De igual modo, establece excepciones y regímenes especiales para aquellos trabajos que sí demandan tiempo completo, como médicos, transportistas o mineros.
Con esto, Chile se ajusta a los estándares de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que recomiendan esa medida de 40 horas semanales. Internacionalmente esto se cumple desde hace varios años en países como Canadá, Finlandia, España o Nueva Zelanda. Incluso algunos como Francia, Suiza y Alemania tienen jornadas más cortas, de 35 horas.
Lo contrario ocurre en Latinoamérica, donde el promedio es de 47 horas. En algunos como Brasil o República Dominicana llegan hasta las 44 horas. Esto hace que la región tenga uno de los sistemas laborales más largos, solo superado por África y partes de Asia. Hasta ahora, Ecuador y Venezuela eran los únicos países latinoamericanos que cumplían las recomendaciones internacionales.
A diferencia del proyecto original propuesto por el Partido Comunista Chileno en 2017, esta vez contó con un apoyo amplio dentro del Congreso, salvo por la bancada del ultraderechista Partido Republicano. Esto por los cambios introducidos desde el Senado y las recomendaciones del gobierno de Boric, tras recoger las inquietudes de los gremios empresariales.
Parte de la buena acogida que tiene la ley parte de dos rasgos importantes: su flexibilidad y gradualidad. Las empresas tendrán la opción de no aplicar la reducción inmediatamente como desean los sectores más de izquierda, sino que podrán hacerlo de forma escalonada en un plazo de cinco años.
Es decir, para el momento en que la ley entre en vigor, se aplicará una primera reducción a 44 horas semanales. El próximo año, se reducirá nuevamente la jornada a 43 horas, y así sucesivamente hasta que para 2029 sea universal la jornada de 40 horas.
Este criterio ya había sido evaluado por el gobierno de Sebastián Piñera cuando planteó su propio proyecto de ley en 2018. También se aplicó en 2003, cuando el Congreso redujo precisamente la entonces jornada de 48 horas a su duración actual.
Ante la preocupación de los representantes patronales de que provocaría pérdidas para las empresas por la merma en la productividad, pidieron que se hiciera gradualmente. Pese a esos pronósticos, la economía no se vio afectada cuando entró en vigor ni se espera que ocurra en esta ocasión.
